El 18 de abril de 2018 marcó un punto de inflexión en la historia reciente de Nicaragua, al producirse el estallido de una crisis política y social que ha generado un fuerte impacto sobre la garantía de los derechos humanos de la población nicaragüense.
A 9 meses del inicio de esta crisis de derechos humanos, la represión estatal contra manifestantes, líderes, lideresas, organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales continúa, generando que los espacios de participación social y de defensa de derechos humanos sean cada vez más difíciles de sostener. El gobierno del Presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo además han venido cerrando instancias de monitoreo internacional, que en una primera etapa habían invitado, como el Mecanismo de Seguimiento de la Situación en Nicaragua (MESENI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH y la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.